Producir y comprar local: Ni chovinismo ni moda, sino una opción de sustentabilidad

El nuevo escenario climático obliga a repensar el consumo humano. Y volvemos así al viejo dilema: ¿en qué punto esa producción industrial de empresas trasnacionales, esa que por concepto de economía de escala permite bajar precios y hacer asequible ciertos productos a la población, empieza a deteriorar las condiciones ambientales de los territorios y afecta las economías locales? ¿Es sustentable un consumo basado sólo en la racionalidad económica de corto plazo? ¿Podemos seguir defendiendo viejos modos productivos sólo por el empleo a gran escala que genera la industria (de cuestionable calidad, huelga decir) cuando los ecosistemas son destruidos? He aquí algunas reflexiones sobre un nuevo paradigma económico que urge instalar en la conciencia de los ciudadanos.  

*Patricio Segura
Activista y comunicador

En dos espacios distintos, aunque ambos en Patagonia, mensajes que a primera vista parecen divergentes dan luces de un cierto sentido común que domina la percepción sobre la vida social.  Mensajes que es urgente entender que en Chile apuntan a un  modelo de desarrollo que ha tenido importantes impactos socio-ambientales y en las pequeñas economías.

La primera, este domingo. En las jornadas de gastronomía local y sustentable Sabores de la Perla del Lago de Puerto Guadal, acá en Aysén, al profundizar sobre la importancia de privilegiar la autoproducción y la adquisición de productos cercanos.  Esto, por el impulso a la economía local al minimizar la “fuga” de circulante que abulta las utilidades de las grandes industrias, por la disminución en la huella de carbono debido al transporte y por la menor “importación” de basura asociada a empaques, colorantes y preservantes artificiales de alimentos procesados, los que terminan contaminando los territorios.

Bajo este prisma el consumo local es positivo.

Al exponer aquello en un conversatorio abierto en la plaza del pueblo, se puso como ejemplo la mermelada industrial en contraste con la que se produce artesanal y localmente. El señor Watt’s sirvió para reflexionar colectivamente por qué consumir (y producir) localmente es necesario.

Fue cuando una turista aportó el siguiente argumento: “Hay que tener cuidado con eso, porque Watt’s, por ejemplo, da empleo a muchas familias, a muchos chilenos y chilenas”.

La segunda, también este domingo. En redes sociales se generó una diminuta controversia por el avance de Mina Invierno en Magallanes: “Caramba, cómo esta lógica de oponerse a todo atenta contra el progreso, las fuentes de trabajo, etc.  Hay muchos que funcionan como que el trabajo sobrase en Chile… es absurdo oponerse a una fuente de trabajo para muchos que la necesitan.  Es un tema de conciencia social” lanzó en algún momento una tuitera.

En el primer mensaje, el fomento de la producción y consumo local es rechazado por el empleo que se dice se pierde por los productos industriales que no adquirimos. En el segundo, la oposición a actividades de alto impacto socio-ambiental es resistida también por el trabajo que, se vuelve a decir, se deja de generar.

Volvamos al origen.

Para el ciudadano de a pie, la remuneración los trabajadores y las utilidades de los emprendedores tienen múltiples destinos. Uno de ellos, importante, es acceder a dinero para satisfacer necesidades de todo tipo: desde las más básicas como alimento, refugio, educación, salud, energía, agua y esparcimiento hasta las menos necesarias y que, en casos extremos, pueden caer incluso en el rango de necesidades.

Por eso la discusión que se visibilizó con fuerza a partir del movimiento estudiantil de 2011 fue fundamental.

Cuando una sociedad en su conjunto no garantiza para todos sus integrantes derechos sociales como educación, vivienda, salud o elementos vitales como energía, agua, saneamiento, todo esencial para vivir con dignidad, el empleo y hacer negocios pasa a ser prioritario. Y aunque trabajar y la actividad privada son una aspiración deseable y legítima, se pervierte cuando la carencia obliga a aceptar lo que sea. Como leí en alguna ocasión a un joven que oficiaba en minería: “¿Creen ustedes que me gusta trabajar en una actividad que aporta a la destrucción de la tierra en que vivo?”.

Es el efecto de la economía como la entendemos hoy. Mantener sistemas que generan perjuicios (el calentamiento global es un buen ejemplo), porque el modelo de producción y consumo debe seguir operando. Y en el cual la legítima aspiración de las familias a acceder a lo elemental para su subsistencia (alimento, refugio, educación, salud, energía, agua, esparcimiento, etc.) les obliga, muchas veces, a destruir el hábitat en que viven.

Donde hoy terminar con las bolsas plásticas o ayer con la extracción y uso de asbesto han sido cuestionados porque afectarán el empleo. ¿Lo mismo para el término de enfermedades asociadas a lucrativos negocios como la industria farmacéutica, las clínicas, la investigación? O en el caso de la industria bélica, ¿no propender a la paz por todo el sistema asociado la venta de armas? Aunque este escenario parezca un complot cinematográfico, buscar que se mantengan actividades contaminantes, de alto impacto social y cultural, a escala local y global, sigue el mismo patrón.

Porque, acordemos algo. El problema en el mundo y en Chile no es la falta de dinero. Como lo manifestaron los “chalecos amarillos” en Francia, cuando las principales fortunas europeas corrieron raudas a donar más de mil millones de euros para la restauración de la catedral de Notre Dame.  Recursos hay, el problema es la desigualdad.

La migración hacia actividades sustentables que hagan la diferencia  debe ser fomentada no trabada.  Y en eso es la política la que debe apoyar este necesario desafío, dando opciones para el cambio, no colaborando a mantener el estado actual. El problema es de voluntad.

Un claro ejemplo es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (conocido como TPP-11) que la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados, en nuestro caso con los votos de los diputados de Aysén Miguel Ángel Calisto (DC) y Aracely Leuquen (RN), y el rechazo de René Alinco.  El que integran once países: Chile, Australia, Brunéi, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Se ha dicho que los pequeños productores locales llegarán con sus ventas a Asia, en circunstancias que principalmente beneficia a las grandes empresas, las que exportan, y que concentran el extractivismo sobre los ecosistemas: salmonicultura, pesquería, minería, agroindustria.  Las que se apropian de la riqueza económica del país (bajo el auspicio del Código de Aguas, Código Minero, Ley Eléctrica y, por cierto, la Constitución).  Por algo nuestro índice de desigualdad es uno de los más altos del mundo: estamos entre los 10 con peor distribución de la riqueza.

Y, al contrario, se perjudica a los pequeños al ser afectados por las importaciones con bajos aranceles. Si no, pregúntense qué pasó con la ganadería regional a propósito del Mercosur, con el cual tenemos un Acuerdo de Complementación Económica (¿han visto la carne paraguaya en los supermercados?). O con la producción nacional de vestimenta con la ropa sintética de otros países.

Simple, estos acuerdos destruyen la producción local. Esa producción y consumo local que desde distintos espacios se insiste, afortunadamente, aún en incentivar.