Protestas contra salmoneras empañan visita de reyes de Noruega a Magallanes

Los habitantes de la más austral de las regiones de Chile sospechan que la visita de los monarcas se enmarca en el lobby que realizan las grandes trasnacionales de la industria, deseosas de adueñarse de sus aguas a fin de ampliar un negocio particularmente destructivo en lo ambiental y en lo social.

Esto mientras avanza la tramitación de tres centros de engorda de salmónidos (uno de Inversiones Pelícanos Spa y dos de Acuícola Cordillera), que pretenden instalarse en las cercanías de los fiordos de Isla Riesco, comuna de Río Verde, afectando así el área resguardada por la figura de Reserva Nacional Kawésqar. En total, sumarían 84 balsas-jaulas. ¿Tienen razones los magallánicos para  estar tan inquietos?

Hay silencios y silencios. Hay unos que dan paz, y hay otros que nos hacen perder el sosiego. La belleza de la bahía de Cochamó, enclavada en lo profundo del fiordo de Reloncaví, suele resultar un tanto perturbadora para los espíritus citadinos que buscan la tranquilidad pero que están poco acostumbrados a ese silencio que, por atronador e inmutable, sólo puede ser causado por la muerte. El silencio ahí nos habla de catástrofe y abandono, un silencio apenas roto por uno que otro siseo provocado por el viento, por el rompimiento de olas diminutas en la orilla, donde es posible observar botes de pescadores abandonados y prestos al desguace, y uno que otro ladrido de perro que pulula libre por el pueblo. Bosques de alerce aún reinan en esta escenografía austral, quién sabe por cuánto tiempo. Lo que ha ocurrido ahí demuestra que este telón de fondo puede estar siendo desmontado a paso lento. Los imponentes volcanes Hornopirén y Yates, más al sur, lucen amenazantes por su prolongado letargo.

Ahí donde debiera reinar el trino de los pájaros y el rumor del bosque se acaba imponiendo la inerte belleza del entorno, cuya quietud no habla sobre lo apacible y enigmático que resulta la vida en aquellos silvestres parajes del Chile patagónico, sino que más bien parece esconder la fractura social que sobrevino a una catástrofe que bien pudo evitarse. Ese mismo silencio parece callar el lamento de sus habitantes ante el descalabro ambiental y económico que -oh paradoja- ocasionó el «desarrollo» salmonero en la zona, y lo que es peor aún: ha soterrado el resentimiento natural que corroe a quienes vieron destruidas sus fuentes de ingresos, quienes culpan de su tragedia a todos esos familiares, vecinos y amigos que se abrieron a recibir a las empresas bajo la promesa prosperidad perpetua. Porque es cierto: la industria destruyó el lugar.

Los peces, a causa de la eutrofización de las aguas (la pérdida de oxígeno y proliferación de algas producto de la sedimentación del fondo marino con fecas y alimentos), ya simplemente se han dejado de ver en la zona, forzando a los pescadores a navegar a varias millas fiordo afuera en búsqueda de esos bancos de peces que permitan la subsistencia de su grupo familiar. El emprendimiento turístico también ha decaído, y muchos han optado por marcharse. Cochamó, así como tantos otros lugares del sur de Chile destruidos por la cría y engorda de salmones, está un poco peor que ayer como destino turístico. A la hora del balance, después de hacer las sumas y restas, nadie está muy seguro de afirmar que la comunidad haya salido ganando con esta industria.

La culpa nunca es del chancho

“Existe en general un actuar al margen de la ley de los empresarios salmoneros, pero también hay errores de diseño en la Ley sobre Bases Generales del Medioambiente”, advierte Christian Paredes, abogado de la fundación Terram, quien suma así otro elemento en este espantoso cóctel: la falta de rigurosidad de los funcionarios que integran los organismos competentes y la inacción de las autoridades. No sabemos bien si por conveniencia, aproximación ideológica, temor al lobby o por franca corrupción, cosa que no sería nada raro en el Chile que hoy vemos al desnudo mostrando sus vergüenzas. En cada centro de salmónidos se observa una falta de control y supervisión de los procesos productivos. Esa laxitud fiscalizadora (también por falta de recursos y prerrogativas) se convierte en una lenidad excesiva a la hora de aplicar sanciones.

Ahora se aprestan a tomar por asalto la región de Magallanes, la zona más austral del país, hasta donde llegaron los reyes Harald y Sonja de Noruega, país donde se encuentra la casa matriz de Marine Harvest, una de las grandes salmoneras del globo. Esa y tantas otras empresas podrían instalarse en la zona más austral de Magallanes si comienzan a proliferar más y más concesiones. Los reyes llegaron a Chile por invitación del Presidente Piñera, y eso despierta sospechas. “Me parece una falta de respeto enorme con la gente de Magallanes en particular y con los habitantes del país en general. Esto es puro desparpajo. Es una burla para aquellos que resisten desde los territorios y que se enfrentan a un lobby que nos parece descarado y muy inconveniente para el país”, dice el abogado de Fundación Terram.

“Básicamente obvia la discusión de fondo y hace la vista gorda a la oposición local hacia este tipo de proyectos. Lo peor es que el Presidente procede sin detenerse en los impactos negativos que esta actividad genera en un área prístina, y de cómo impactará en el cambio climático por todo lo que genera esta industria: las condiciones anaeróbicas del agua, resistencia a los antibióticos, la sedimentación, en fin”, agrega Paredes.

«Como Fundación Terram creemos que el objetivo del sistema debe ser la protección del medioambiente, y no seguir en esta lógica de aprobar proyectos y que los organismos que participan del proceso sólo se limiten a presentar observaciones».

Estamos claros que los reyes de Noruega pueden visitar cualquier lugar de Chile, ir de paseo y pedir eventualmente por las empresas de su país que próximamente instalarse en la zona. “En el pedir no hay engaño”, dice el viejo refrán, a lo que bien podemos complementar con otro refrán: “la culpa no es del chancho, sino de quien le da el afrecho”, que en el fondo quiere decir que va en nosotros consentir lo que nos piden. “Maniobrar para evadir las disposiciones legales y normativas en materia ambiental es algo que se ha venido haciendo de antiguo, y eso es porque el evaluador, en este caso el Estado, no ha querido poner coto a esta situación”, señala Paredes.

“Nada de esto sería posible de no ser por la debilidad de los organismos públicos. Es cierto que el estándar para los parques nacionales es más riguroso que en el caso de las reservas. En un parque nacional sí es exigible un estudio de impacto ambiental”, sostiene Christián Paredes, quien nos recuerda una curiosidad que abre la ventana para mucho de lo que ahí ocurre: el territori (que resulta de la suma de la reserva Alacalufes con otras superficies de propiedad fiscal y otras áreas donadas por Douglas Tompkins) tiene carácter de parque nacional pero no así sus aguas marinas, creándose esta suerte de hibridación que viabiliza las concesiones acuícolas, una decisión tan duramente criticada en su minuto por las comunidades de la zona como por las organizaciones ambientalistas.

Christian Paredes, abogado de Terram
Christian Paredes, abogado de Terram

El problema es que “respecto de este caso debemos mencionar que no hablamos de cualquier desarrollo productivo”, dice el abogado, quien sugiere recordar el larguísimo historial de infracciones e incumplimientos ambientales que posee una industria cuya reputación no le va en zaga a otras como la minería o la maderera. “Contraloría ya se ha pronunciado en orden a que los desarrollos productivos deben ser compatibles con el objetivo de conservación del área. No sé si estos proyectos se ajustan a esa definición”, indica el abogado de Terram.

“En el parque nacional Alberto de Agostini nada de esto se puede hacer”, dice el abogado, quien además recuerda otra “rareza” (por no decir irregularidad), que es haber sometido a trámite algunas solicitudes de concesiones acuícolas después de la publicación del decreto que da origen al parque Kawesqar. “Llama además la atención que aquí se están evaluando ambientalmente concesiones sin que se tenga aprobado un plan de manejo que fije los usos permitidos y prohibidos en esta zona protegida”, añade.

¿Un cambio o una reforma?

¿No será mejor eliminar la “declaración” y obligar a todos a ingresar sus proyectos a través de un estudio de impacto ambiental”? ¿Hay que realizar una reforma total al sistema de evaluación ambiental?

Paredes cree que todo cambio debe ir precedido por un cambio en el enfoque: “Como Fundación Terram creemos que el objetivo del sistema debe ser la protección del medioambiente, y no seguir en esta lógica de aprobar proyectos y que los organismos que participan del proceso sólo se limiten a presentar observaciones. El sistema chileno no es uno que puede rechazar proyectos deficientes o que supongan perjuicios ambientales. Este sistema debe mirarse en su conjunto, debe establecer con claridad cuáles son las vías de acceso idóneas, instaurar procesos participativos tempranos, con garantías claras. El control de admisibilidad debiera ser más riguroso. Si así hubiera sido muchos proyectos no habrían avanzado hacia instancias resolutivas posteriores, como las comisiones y el comité de ministros”.

“Para que un sistema sea validado debe incluir la posibilidad temprana del rechazo y establecer causales de exclusión. Cualquier lugar del territorio podría potencialmente emplazar un proyecto de inversión ya que no existe ordenamiento territorial como en las regiones de Aysén y Coquimbo, donde al menos existe una zonificación de usos preferentes del borde costero. La zonificación debe fijar una franja marina mínima respecto de las áreas protegidas. Mientras tanto se siguen aprobando proyectos”, dice el abogado.

Proyectos que, demás está decir, bien podrían avanzar con mayor celeridad si las comunidades comienzan a ceder a las tentadoras ofertas de empleo y las promesas de progreso y prosperidad que suelen realizar las empresas, especialmente en lugares apartados, proceso ampliamente conocido en Chile como “la compra de conciencias”.

Esto tiene que ver mucho con la centralización y el abandono en que ha sumido el Estado a las zonas más apartadas del país. Es el primer llamado de atención. Pero también conviene hacer otro llamado, que es proteger la vocación del territorio, en este caso la vocación turística y ambiental que genera otros valores económicos. En el turismo también hay trabajo, y es más sustentable”, dice.

“Sería bueno que los habitantes de Magallanes tomen nota de lo sucedido en Quintero-Puchuncaví, la bahía de Ventanas, donde 19 empresas cambiaron para siempre la vocación original de ese territorio, que era turística y pesquera. Hoy esa vocación se perdió pese que ponía en valor el trabajo local”, sostiene.

Parece que los habitantes de Magallanes lo tienen muy presente a juzgar por el recibimiento que ofrecieron a los monarcas de Noruega.