El congreso aprobó finalmente la Ley de Transmisión Eléctrica, proyecto estrella del gobierno en materia energética. El ministro de la cartera, Máximo Pacheco, sostuvo que esta nueva legislación -la más importante desde que la dictadura estableció las reglas del juego- cambiará el paradigma energético del país, otorgará más certeza jurídica a los inversionistas y contribuirá no sólo a abaratar los costos relativos al consumo, sino que también ayudará a fortalecer la generación de energías renovables no convencionales.
Desde luego que tanta maravilla no puede ser verdad, dicen algunos representantes de la sociedad civil. Y la razón de fondo está en que toda acción realizada por el Ejecutivo tiende a convertir la energía en una verdadera materia prima, cuya exportación ha de favorecer a las grandes empresas del sector.
“Hay aspectos interesantes y otros que no lo son tanto, algo muy propio de los proyectos que presenta el ministro Máximo Pacheco”, sostiene Colombina Schaeffer, socióloga y subdirectora de proyectos del programa Chile Sustentable, quien hizo un seguimiento a la tramitación de esta iniciativa recientemente aprobada en el congreso. Sumando y restando, los esfuerzos de las organizaciones que representan los intereses de la sociedad civil pudieron, como suele suceder en un país cuya institucionalidad está diseñada para favorecer al inversionista, corregir varios vicios o excesos contenidos en el proyecto original, pero no mucho más que eso. En otras palabras: el proyecto de ley era muy malo para los ciudadanos, pero terminó siendo sólo malo. Y eso en Chile no es poco.
“Lo que no es nada bueno es que el Estado viene a aliviar un problema de las empresas generadoras referido a la judicialización de los proyectos. El grave problema del sector es que el derecho a propiedad, siempre reclamado por los agricultores que no quieren una línea enorme pasando por sus terrenos, es tan fuerte que al final se termina volviendo contra estas grandes empresas, y eso terminaba entrampando el proyecto en tribunales. Con esta ley el privado tendrá el apoyo del Estado, que se hace parte en el proceso por el lado de asumir la responsabilidad de planificar las líneas de transmisión de interés público sin hacer transformaciones en el mercado eléctrico o en la ley de concesiones eléctricas”, dice Colombia Schaeffer.
En esta misma línea de argumentación, sostiene la socióloga de Chile Sustentable, “al declarar estos proyectos como de interés público, es decir, con el concurso del Estado, se sigue que el interés de la empresa generadora estará siempre por encima de las personas que pudieran verse afectadas. Ojo: se habla de interés público, pero con rentabilidades 100% privadas. La energía es considerada una mercancía y no se subsidia. No es un derecho. Este es un raro caso de liberalismo de Estado, donde el Estado se hace parte de un proyecto privado sin pedir nada a cambio. Un ejemplo: las autopistas concesionadas pasan a manos del Estado a los 99 años. Aquí eso no ocurre”, agrega.
Este proyecto de ley al menos sirvió para algo: sincerar el rol del Estado respecto al negocio eléctrico y transparentar su claro compromiso con aquellas estrategias de desarrollo (si pudiéramos llamarlas de algún modo) orientadas a convertir la energía en un nuevo commodity proclive a ser capturado como renta por las grandes empresas del sector, del mismo modo que otras empresas se han apropiado de la renta cuprífera, por citar sólo un ejemplo.
“El Estado, en distintos gobiernos, ha dado pasos en orden a apoyar la generación privada sin escuchar a los actores de la sociedad civil. Ya en el gobierno de Sebastián Piñera se instala la idea de crear los ‘polos de desarrollo’, que más parecían zonas de sacrificio, en vista de lo difícil que resultaba sacar la energía por la oposición de las comunidades”, indica Schaeffer.
Frente a un panorama más complejo para las empresas, el gobierno de Michelle Bachelet se decide a actuar. “Entonces el Estado encuentra ahora una fórmula para ayudar al privado diciendo que es un fomento a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), cuando se sabe que el objetivo es fomentar la hidroelectricidad en el sur de chile, dejando por ahora fuera a Aysén y Magallanes. Todo proyecto de generación inferior a 20 megawatts se encuadra en el concepto de ERNC, pero las que generan por encima de los 20 megawatts son convencionales en toda norma. Tampoco se establece un requisito, un porcentaje obligatorio de ERNC, por lo que nadie asegura que terminemos financiando a los que son dueños de los derechos de agua, por lo general las grandes generadoras como AES Gener, Enel-Endesa, etc.”, señala Schaeffer.
“Lo que harán es poner algunos molinos para maquillar el asunto y hacer algo de show. Pero eso es todo. El objetivo es claro: transformar al sur de Chile en una pila y exportar la energía que produzca, convirtiendo la energía en un nuevo commodity, con la idea de embalsar todos los ríos desde Santiago a Puerto Montt. Se ha dicho muchas veces: ‘debemos aprovechar el potencial hidroeléctrico’, básicamente porque ha prevalecido la idea del mientras más produzco y vendo, entonces más gano. Y eso continúa”, añade la socióloga de Chile Sustentable.
Las cosas positivas… o no tan malas
Claro que también hubo cosas positivas que ayudan a mitigar los efectos negativos que tendrá una ley que, como se esperaba, antepone el interés económico de unos pocos a las necesidades de una vasta mayoría. “Hay que entender que en Chile tenemos dos sistemas eléctricos, el Sistema Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), y ambos eran administrados por sus respectivos Centro de Despecho Económico de Carga (CDEC), en el que tenían participación, por medio de un representante en el directorio, las mismas empresas generadoras, situación que era impresentable e insostenible”.
Y continúa: “En ese sentido se recogió la inquietud ciudadana y de expertos en orden a que el nuevo Organismo Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional que resulte de la conexión del SIC y el SING deba tener personalidad jurídica con institucionalidad propia, un directorio con integrantes elegidos por Alta Dirección Pública y sin representantes de las empresas… en fin”, dice Colombina Schaeffer, a la hora de enumerar aspectos positivos de esta tramitación, recordando que «esta medida fue una de las principales demandas que presentó la comisión ciudadana por Hidroaysén”.
“Es interesante destacar que el proyecto inicial establecía una especie de fast track ambiental donde incluso algunas instituciones como Conaf perdían atribuciones, además que el plan original establecía que la evaluación ambiental se realizara sólo para la línea de transmisión y no para el famoso polo de desarrollo. Por suerte la Secretaría General de Gobierno corrigió lo de Conaf. La consulta indígena también pudimos salvarla. Otra cosa positiva es que la rentabilidad tendrá un techo máximo del 10% con un piso del 7%. Antes ese tope no existía”, señala.
Máxima velocidad
El gobierno se mostró siempre desesperado por sacar adelante este proyecto, dice Colombina Schaeffer. Y agrega: “Se veía cómo apuraban a los diputados diciéndoles que si no votaban a favor del proyecto tal como estaba era porque estaban en la oposición y cosas así. Muchos asesores del Ministerio de Energía decían que su objetivo era sacar el proyecto en tres semanas, cuando sabemos que algo así sale en bastante más tiempo”.
“Hicimos todo lo posible. Al menos fuimos recibidos y escuchados por los diputados de la comisión, en especial por Yasna Provoste (DC), Luis Lemus (PS), Lautaro Carmona (PC) y Daniella Cicardini (PS). Hay que recordar que la única ONG invitada a exponer fue Chile Sustentable, el resto sólo empresas o consultoras de empresas o técnicos a favor de las empresas. En el senado, en cambio, la cerrazón fue total. Cuando mucho los senadores enviaron a sus asesores y nada más”, concluye.
