¿Qué hacía el Estado mientras las mineras destruían patrimonio paleontológico en La Patagonia

Patagonia foto de Abel Jorge, Flickr

Una pérdida de valor incalculable se ha producido en los últimos años en la Patagonia chilena, y esta vez no por el contumaz vandalismo empresarial provocado sobre el patrimonio natural y el tejido social, sino sobre el patrimonio palentológico, en este caso producto de la actividad minera. ¿De quién es la responsabilidad? Ya se sabe, aunque a estas alturas da lo mismo el nombre de la empresa pues todas causan estragos. El punto es otro: ¿qué hay de los organismos públicos que deben fiscalizar? Nuevamente, el Estado queda al debe.

*Patricio Segura
Periodista y activista medioambiental 

Entre junio y julio de este año el juez de Garantía de Chile Chico Mario Reyes determinó, a solicitud del fiscal de Chile Chico Álvaro Sanhueza, sobreseer la causa por la que investigaba la destrucción de fósiles datados en unos 20 millones de años en la cuenca del lago General Carrera.

El motivo: el delito lo cometió la Compañía Minera Cerro Bayo a fines de los ’90.  Al haber transcurrido ya dos décadas, la posibilidad de persecución penal estaba prescrita. Es necesario dejar sentado que en esta decisión no tienen responsabilidad alguna el juez ni el fiscal. Solo cumplieron la ley, donde la prescripción es un principio aplicado en muchos países.

Lo obvio es señalar que la primera responsable es Cerro Bayo, hoy en manos de la canadiense Mandalay Resources.  No solo el RUT o la personalidad jurídica sino todos quienes estuvieron involucrados en directa e indirectamente un ilícito que hoy podría llegar a ser sancionado con una pena de 5 años de presidio y una multa, irrisoria en todo caso, de $10 millones.

Es lo que establece el artículo 38 de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales cuando señala que “el que causare daño en un monumento nacional, o afectare de cualquier modo su integridad, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales”.

Lo que no emerge inmediatamente a la vista es la negligencia de los organismos públicos a cargo de supervigilar las operaciones de las empresas mineras y de la protección del patrimonio paleontológico. La pregunta lógica es ¿dónde estaban los servicios del Estado en los cuales se nos pide, constantemente, confiar?

¿Dónde estaba el Servicio Nacional de Geología y Minería cuando se produjo este atentado a bienes públicos?  Está demostrado que no es posible confiar en que las empresas hagan lo que establece la ley: “Toda persona natural o jurídica que al hacer excavaciones en cualquier punto del territorio nacional y con cualquier finalidad, encontrare ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico, está obligada a denunciar inmediatamente el descubrimiento al Gobernador Provincial, quien ordenará a Carabineros que se haga responsable de su vigilancia hasta que el Consejo se haga cargo de él”.

¿Dónde estaba el Consejo de Monumentos Nacionales?  Por cierto no supervigilando las operaciones a la luz de la bien documentada información sobre hallazgos paleontológicos en el área y la experiencia en términos del impacto de intervención en los territorios. Y la duda hoy más vigente todavía es: ¿Dónde está el sentido común que reconoce la importancia de este patrimonio y que cautela su protección? 

En la región de Aysén existen organismos tanto públicos como privados y académicos relacionados con la materia, sin embargo en estos y otros casos no hay proactividad alguna para un público pronunciamiento al respecto.

Que no ocurra como con el agua.  Cuando la región estaba en plena discusión sobre los proyectos de represas de HidroAysén y Energía Austral, los centros de investigación y organismos del Estado le hicieron el quite al debate público sobre la relevancia de los recursos hídricos, sus usos y fundamentalidades.

Fue solo en 2018, cuando ya estaba todo zanjado y no había riesgo político (ni de financiamiento) alguno en ahondar en la materia, que se realizó una conferencia internacional bajo este sugerente título: Cambio global a escala de cuencas y fiordos: desafíos futuros de la gestión del agua en la Patagonia”. Interesante ejercicio de reflexión, aunque al menos con una década de atraso en su sentido de urgencia.

¿Esperaremos a que no quede patrimonio alguno para debatir abierta y públicamente sobre los impactos de la minería en Aysén, en este caso en el patrimonio paleontológico, pero también en el cultural, biológico, arqueológico, geológico?  ¿Cómo cumple la ciencia en Aysén su rol público ante estos hechos? ¿O con los papers se considera estar ya ejerciendo tal función?

El sentido de lo público tiene múltiples caras (y financiamientos). Y una de ellas es la de proteger lo que a todos y todas nos pertenece.  Una función que en este caso y de parte de muchos actores, estuvo muy lejos de ser correctamente ejercida.