Florencia D. Vega. Coordinación Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre DD.HH. y Empresas
La décima edición del Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe se reune en la Ciudad de Panamá entre el 9 y 11 de junio. Es la primera vez que este espacio se da cita presencial en Centroamérica, rompiendo una trayectoria de presencialidad física concentrada exclusivamente en Sudamérica y México que se inauguró en Medellín (2013), y continuó en Santiago de Chile, Bogotá y São Paulo (2025); habiéndose gestionado desde Panamá únicamente bajo la modalidad virtual en 2021.
Este encuentro coincide con el décimo quinto aniversario de la adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, un marco internacional estructurado bajo la premisa de proteger, respetar y remediar que hoy transita por un momento bisagra.
Desde la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, esta conmemoración no puede ser recibida como un hito de complacencia institucional.
En un contexto de urgencia climática y despojo cotidiano en los territorios del Sur Global, la debida diligencia empresarial enfrenta una disputa de sentido fundamental, habiendo sido absorbida por un lenguaje técnico de consultoría corporativa que reduce las afectaciones a métricas voluntarias de riesgo financiero.
A quince años de su implementación, las asimetrías de poder entre las corporaciones transnacionales y las comunidades locales no han hecho más que profundizarse.
Los datos oficiales de la última edición presencial del foro (São Paulo, 2025) revelan una tendencia preocupante: ante un universo de 817 personas registradas, la participación del sector empresarial monopolizó el 40% del espacio, superando al 24% de la sociedad civil y al postergado 7% de los pueblos indígenas. En el fondo de la escala, la representación de las instituciones estatales cayó a su mínimo histórico, situándose en apenas un 6% .
Este desequilibrio numérico refleja un riesgo evidente de captura del espacio internacional, convirtiendo un foro de derechos humanos en una plataforma de validación corporativa. La sociedad civil asiste a Panamá con la misión de revertir esta inercia y disputar las narrativas dominantes que pretenden vaciar de contenido político las herramientas de protección territorial.
La desconexión geográfica y la ilusión de la prevención europea
Mientras la noción tradicional de cadena de suministro es presentada en los directorios corporativos como una línea logística abstracta, en América Latina esa abstracción se traduce en una intervención violenta sobre territorios y maritorios.
Actualmente, el debate global está fuertemente influenciado por las directivas de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, marcos regulatorios enfocados de manera casi exclusiva en la prevención de daños futuros. Esta mirada resulta incongruente con nuestra región: al tiempo que las matrices europeas debaten cómo evitar la degradación ambiental de mañana, las comunidades del Sur Global debemos lidiar con la impunidad de daños históricos y pasivos ambientales acumulados durante décadas de extractivismo desregulado.
Esta asimetría conceptual transforma a las comunidades en una simple fuente de datos para alimentar las matrices ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) que otorgan tranquilidad a los fondos de inversión internacionales.
Es aquí donde se consuma el verdadero secreto a voces de la debida diligencia global, operando lo que podemos denominar como un perverso “canje ecológico”.
Bajo el amparo de indicadores técnicos, las vulneraciones territoriales del Sur se transforman en activos fungibles de compensación moral para las casas matrices europeas.
La degradación irreversible de un maritorio por la salmonicultura intensiva en los fiordos australes o la desecación de cuencas hídricas por la fiebre del litio se vuelven matemáticamente tolerables si el holding transnacional demuestra en su balance consolidado que financia un parque eólico en el Mar del Norte o redujo la huella de carbono de sus oficinas en Bruselas.
¿Se trata de un instrumento de justicia reparativa, o de un algoritmo de limpieza ética donde los derechos humanos de las poblaciones periféricas operan como variables de ajuste para la tranquilidad climática del primer mundo . La debida diligencia de matriz europea, por tanto, no busca desmantelar las bases del extractivismo, sino optimizarlo matemáticamente para que el Norte Global limpie su porvenir energético a expensas de la geografía del Sur.
En este proceso de carácter colonial, el habitante local queda despojado de su condición de sujeto político para ser reducido a un recurso informativo enfocado en inmunizar a la corporación frente a futuras demandas legales. Esta exclusión material se ve agravada este año por un factor financiero crítico: la propia organización del foro ha reconocido en sus documentos preparatorios que, debido a la crisis de financiamiento que atraviesa la Organización de las Naciones Unidas, esta décima edición no dispone de fondos para costear el traslado de ponentes u oradores, lo que obstaculizará gravemente la asistencia de los verdaderos titulares de derechos.
La deuda histórica de las empresas con el continente se sostiene en realidades concretas y procesos judiciales en curso. En el maritorio chileno, la expansión salmonera ilustra el fracaso de la debida diligencia técnica: empresas como Nova Austral, Cooke Aquaculture, Mowi y Australis Seafood han protagonizado escándalos de contaminación y sobreproducción en áreas silvestres protegidas. Del mismo modo, a nivel regional, la actuación de conglomerados como Smurfit Kappa en la industria forestal reporta graves antecedentes de conflictos socioambientales por el uso del agua y la degradación de suelos en Colombia, México y Argentina.
Estos casos demuestran que los instrumentos comerciales contemporáneos, tales como los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, corren el riesgo de ser herramientas de legitimación retórica si no incorporan mecanismos vinculantes de justicia reparativa.
América Latina no acude a Panamá a emular manuales europeos, pero sí a exigir el reconocimiento del pasivo ecológico sobre el cual se edificó el bienestar del Norte Global, y a reconocer la lógica de la construcción de jurisprudencia, que en esta materia, debe reconocer el carácter internacional de las cadenas de suministro.
La esquizofrenia institucional y la paradoja del Estado socio
El sistema internacional presupone la existencia de un Estado neutral capaz de fiscalizar a los actores económicos. Esta hipótesis choca con una contradicción estructural en América Latina: el Estado es, de manera simultánea, el principal socio, aval y promotor de la actividad extractiva que vulnera a su población.
Esta «esquizofrenia institucional» provoca que las mismas autoridades que firman Planes de Acción Nacional promuevan activamente la flexibilización de normativas ambientales para asegurar la llegada de capitales extranjeros. Para garantizar su viabilidad económica, los gobiernos latinoamericanos compiten entre sí abriendo sus territorios a la explotación del litio, el cobre o el desarrollo del hidrógeno verde, subordinando la soberanía regulatoria y la consulta previa a los imperativos del mercado.
Al revisar documentos oficiales de implementación, como el segundo Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas de Chile (2022-2025) , es posible constatar que la debida diligencia se presenta frecuentemente ante los gremios empresariales como una oportunidad de negocio o un mecanismo para mitigar riesgos reputacionales. Cuando el propio Estado adopta este lenguaje corporativo, convalida la idea de que los derechos humanos son un factor de estabilidad comercial y no un límite absoluto a la actividad económica. El rol público se degrada, pasando de la garantía de derechos a la administración de la conflictividad social, legitimando el daño territorial al presentarse internacionalmente como un alumno ejemplar en la adopción de estándares formales mientras en el plano local desprotege activamente a sus ciudadanos frente a las corporaciones con las que comparte intereses económicos.
Hacia una corresponsabilidad territorial desde la autonomía del Sur
Frente a la captura técnica del estándar y la complicidad estatal, el foro de Panamá representa una oportunidad política para reclamar la soberanía conceptual de la debida diligencia. Los procesos de revisión no pueden seguir siendo auditorías privadas ejecutadas por firmas consultoras contratadas por las mismas empresas. Urge transitar hacia una corresponsabilidad territorial obligatoria, donde la viabilidad de cualquier proyecto esté estrictamente supeditada al respeto de los límites ecológicos de los ecosistemas y maritorios.
Una debida diligencia con perspectiva latinoamericana debe incorporar las cosmovisiones de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales, rompiendo la lógica corporativa que fragmenta la naturaleza en recursos aislados y externalidades remediables mediante compensaciones económicas. Para los pueblos originarios, la tierra y el agua constituyen un tejido vital indivisible; por ende, la debida diligencia debe transformarse en una herramienta de trazabilidad que devuelva a las comunidades su estatus de sujetos con capacidad de veto y decisión soberana sobre su pro.pio destino. Es necesario destacar, una y otra vez, que América Latina posee un acervo histórico de luchas y desarrollos jurídicos de vanguardia, como el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública y la protección de los defensores del medio ambiente. La verdadera competencia internacional de nuestros Estados debe medirse por su fortaleza institucional para subordinar la rentabilidad corporativa a la sustentabilidad de la vida.
Las deliberaciones en Panamá no pueden transcurrir en el aislamiento de salones ministeriales. La pregunta de fondo que debemos plantear con firmeza política en el foro regional es si seremos capaces de construir una arquitectura jurídica internacional orientada a desmantelar las asimetrías de poder de las empresas transnacionales, o si continuaremos perfeccionando un sistema cosmético que valida falsas soluciones para que el engranaje de la explotación continúe operando sin cambios de fondo ni de estructura.
Florencia D. Vega. Coordinación Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre DD.HH. y Empresas
