La ciudadanía pide un sistema de protección social que garantice mínimos decentes en pensiones y salud. En pensiones las críticas fueron inmediatas toda vez que el aumento del 20% del Pilar Básico Solidario significa que el pensionado o pensionada recibirá unas 20 mil pesitos más. Pero lo que está pasando colado es el anuncio en materia de salud, que supone una multimillonaria transferencia de recursos públicos para las clínicas y las farmacias.
Dijo el economista Marco Kremerman, de Fundación Sol, tras escuchar el anuncio presidencial la noche de este martes: “El modelo de las AFP no se toca”. Básicamente, lo que ha hecho el gobierno es subsidiar con plata de todos directamente a las AFP para poder incrementar en un 20% el Pilar Básico Solidario. Asimismo, anuncia que subsidiará (de nuevo, con plata fiscal) el sueldo mínimo para que llegue a 350 mil pesos, lo que significa que esos trabajadores cotizarán más en las AFP. En este caso, hablamos de un subsidio indirecto.
En sencillo, la “agenda social” de Piñera consiste en agrandar las migajas que recibe cada chileno o chilena a cambio de transferirle más plata pública a los privados. Sigue subsidiando a los empresarios y a los más ricos. Sigue considerando que las necesidades de la gente son una oportunidad de negocio para los empresarios. Como alguien bromeó en redes sociales, para eso mejor entregaba “giftcard”.
Pero en salud, la otra pata en cualquier sistema de protección social decente, la crítica es la misma, según indica el diagnóstico que hace Tomás Lagomarsino, de Mesa Social Por el Derecho a la Salud, el “Seguro de Salud Clase Media” no es cosa nueva, sino que es un “proyecto de ley que fue presentado por el exministro Santelices y que ha continuado siendo promovido por Jaime Mañalich”.
Matías Goyenechea, de la Fundación Creando Salud, explica que “ese proyecto ya está enviado a la Cámara. No es más que un seguro catastrófico para que las personas de Fonasa en los tramos B, C y D, o sea, los que cotizan, para modalidad de libre elección, que es para atenderse en clínicas privadas. Este sistema incluye un copago de un millón y medio de pesos como piso para acceder. Los que pueden acceder a ese ‘beneficio’ son pocas”, señaló.
“Lo que hace es establecer un gasto máximo que pueden hacer los pacientes en ciertas prestaciones al ser entregadas por un privado. Es decir, el Estado subsidia y entrega recursos a la clínica cuando el costo de la prestación es superior a un monto determinado. Este seguro esta principalmente enfocada a intervenciones quirúrgicas”, señaló.
El “Seguro de Medicamentos”, dice Lagomarsino, genera una nueva modalidad de externalización al establecer una especie de bono en la cual el usuario paga una parte y el Estado paga otra de un determinado medicamento, siendo este entregado por una farmacia privada
Un diseño a la medida de las farmacias que se coludieron
Asimismo, Lagomarsino fue crítico con el convenio de Fonasa con las farmacias. “Es una licitación de descuentos y que no queda muy claro en qué va a ser ampliada puesto que ya posee muchos medicamentos, incluyendo medicamentos que son de la canasta GES y que el Estado debe entregar gratis. ¿Significa que los medicamentos que el usuario de Fonasa recibía gratuitamente en el consultorio ahora tendrán que ser comprados a una farmacia? Porque cuidado: esta licitación está diseñada a la medida de las tres grandes farmacias que se coludieron hace algunos años.
“En resumen”, dijo el dirigente de Mesa Social, el Presidente no ha entendido el trasfondo y crítica histórica de los gremios y movimientos sociales en torno a la salud y que es avanzar hacia un fondo único y solidario y, obviamente, más financiamiento para la salud pública donde se atiende el 80% de la población. Los anuncios del Gobierno significan más dinero para las clínicas y farmacias privadas y nada para el sistema de salud público”, concluyó Lagomarsino.
