Inicio este artículo haciendo una pregunta cuya respuesta parece obvia, pues para que una sociedad se desarrolle -no solo crezca- debe aprovechar todo su potencial y para eso debe sumar a todas y todos sus integrantes, y por ende todos de alguna manera somos responsables de los que suceda en esta, con más o menos responsabilidad y/o  por acción u omisión.

Lamentablemente para algunas personas o grupos de la sociedad, la desigualdad es solo una externalidad negativa que acompaña el desarrollo económico particularmente cuando se trata de modelos económicos (y sociales) de carácter neoliberales. Peor aún más, existen tesis que señalan que la desigualdad es algo natural que nos acompañara de manera permanente y que en si mismo entonces no es un problema económico, al menos relevante.

En este contexto, resulta esperanzador que la plataforma mundial de empresas el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) a través de su iniciativa la Comisión Empresarial para Abordar la Desigualdad (BCTI) realizara un exhaustivo estudio del rol que le cabe al actor empresarial en la reducción de la desigualdad, este dio origen a una guía de trabajo titulada “Combatir la Desigualdad: Una agenda para la acción empresarial”. Su versión en español fue presentada recientemente en nuestro país en un esfuerzo conjunto entre KMPG y Acción Empresas.

La guía presenta un diagnostico que nos muestra el flagelo que resulta la desigualdad y a diferencia de algunas teorías, a mi juicio totalmente erradas, señala “afortunadamente, la desigualdad no es un hecho de la naturaleza, sino un producto de nuestro sistema, el cual podemos cambiar. Reducir la desigualdad exigirá una acción concertada de todos los sectores de la sociedad y las empresas tienen un papel esencial que desempeñar”

En la misma línea de esta guía, Amnistía Internacional ha señalado que “la desigualdad es una violación a los derechos humanos debido a que perpetúa la discriminación y la exclusión de ciertos grupos de personas, impidiendo que puedan disfrutar plenamente de sus derechos fundamentales”, a juicio de esta organización global de defensa y promoción de los Derechos Humanos, “la desigualdad económica y social puede tener un impacto negativo en el ejercicio de los derechos humanos, como el derecho a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo digno y la participación política. Además, la desigualdad puede contribuir a la marginalización de ciertos grupos, como las mujeres, las personas de origen étnico o racial, las personas con discapacidad y las personas en situación de pobreza”

La guía plantea entre otros importantes aspectos, que la desigualdad es un problema sistémico que está poniendo en riesgo a las sociedades en su conjunto, que adicionalmente socava la confianza en los sistemas políticos y económicos, daña el tejido social y genera malestar de la población.

Vale la pena reflexionar entonces sobre una serie de movilizaciones de gran escala que se desarrollaron en muchas partes del mundo antes de que se produjera la pandemia del COVID el 2020, y por cierto la profunda crisis social iniciada el 18 de octubre del 2019 cuyas consignas estaban centradas en aspectos de acceso a educación, salud, vivienda y un trabajo digno, entre otros aspectos.

Un aspecto interesante que se presenta en la guía es que la desigualdad entre los países se ha reducido en los últimos cuarenta años, pero está a crecido de manera importante al interior de los países, en el mismo periodo. Lo anterior me hizo recordar la teoría cepaliana de centro – periferia de los años 50 que buscaba explicar la diferencia de ingresos percibidos en los países centro – desarrollados/industrializados- y en los países periferias – subdesarrollados/ primario-exportadores – y el deterioro en el intercambio. Algo similar se puede aplicar ahora en la realidad de los países, un centro que concentra la riqueza que impone un tipo de intercambio y una periferia que se ve afectada por ese intercambio injusto, sin poder hacer mucho para incidir en un cambio real.

Algunos datos que se presentan en este informe: el 10% mas rico a nivel mundial posee actualmente mas del 75% de toda la riqueza mundial mientras que el 50% mas pobre posee el 2%; los 10 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que el equivalente a 3 mil millones de personas; la desigualdad mata a una persona cada cuatro segundo.

Es indudable que la triple crisis planetaria – cambio climático – contaminación – perdida de la biodiversidad, esta afectando de manera diferente a la población, siendo los grupos más vulnerables quienes se ven más impactados, así como lo fue con la pandemia producida por el COVID y lo está siendo por los conflictos armados.

En la actualidad son muchos los instrumentos con que cuentan las empresas para cumplir un rol diferente al que han cumplido hasta ahora, los Principio Rectores Sobre la Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, es quizás el de aceptación y uso más generalizado, recientemente la OCDE actualizo sus Líneas Directrices para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable y algunos de los más importantes estándares de sostenibilidad empresarial y por supuesto los diferentes informes y declaraciones de la OIT sobre esta materia, en este caso centrándolo en el mundo del trabajo.

Los instrumentos como esta guía siempre requieren un esfuerzo mayor, en este caso un cambio radical de entender el rol de la empresa como un actor social, veremos como avanza su aceptación e implementación a nivel mundial y particularmente en nuestro país con una cultura empresarial centrada en los resultados de corto plazo, entre otros aspectos. Lo que sí podemos afirmar es que es el fin de la Responsabilidad Social Empresarial como la conocíamos y avanzamos hacia un comportamiento empresarial social y políticamente responsable.

Roberto Morales Farías

Roberto Morales Farías es Contador Auditor y doctor (c) en Procesos Políticos Latinoamericanos. Consultor en Diálogo Social y Derechos Humanos y Empresas. Ex presidente de Amnistía Internacional Chile.

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