Río Tinto, Cerro Colorado, Collahuasi, Puchuldiza, Ancovinto, Mamuta… Proyectos mineros en marcha o en desarrollo -pero minería al fin y al cabo- emplazados en los territorios aymaras, que activistas como David Esteban Moscoso, consejero nacional aymara, combaten no ya para salvar sus tierras de la terrible destrucción y contaminación que genera la minería, sino para salvaguardar el futuro de su pueblo.

Con la minería se secaron las napas subterráneas, el agua comenzó a escasear en las acequias, los bofedales murieron, y los lugares de pastoreo, antiguos oasis que morigeraban la severidad inclemente del desierto, terminaron envenenados por los metales pesados y envenenando, a su vez, a los animales de los pequeños agricultores aymaras. Con la minería los aymaras -y tantos otros chilenos sin apellido- vieron desaparecer cerros completos triturados por máquinas y explosivos, al tiempo que surgían otros con las millones de toneladas de estériles que dejó la faena. 

“Por lo visto en otras regiones como Antofagasta o Atacama, la región de Tarapacá, y seguramente la de Arica y Parinacota, se convertirán en las nuevas zonas de sacrificio para el extractivismo chileno. Agotaron y destruyeron todo, entonces ahora se vienen para acá”, dice David Esteban Moscoso, aymara, padre de cinco hijos y abuelo de cuatro nietos, en cuyos 70 años ha podido constatar, una y otra vez, que generar plata no es sinónimo de desarrollo ni progreso, acaso porque no puede hablar de progreso quien vive en la mugre. 

El peligro pospandemia 

Este consejero nacional aymara, quien también es consejero representante de Pica del Área de Desarrollo Indígena, teme que la minería aproveche el cuadro de desesperación de la crisis económica pospandemia para obtener los permisos que requiere.

A la izquierda, David Esteban Moscoso, durante una manifestación por la protección del territorio aymara

Está al tanto de todas las mineras que operan en el norte y sabe de memoria los nombres de los proyectos en carpeta, los nombres de las trasnacionales que están detrás de ellas, así como las imbecilidades, mentiras y promesas falsas que las compañías pueden llegar a decir en sus estudios de impacto ambiental. “Da lo mismo lo que pongan en el papel porque igual van a sacar adelante el proyecto”, sostiene, recordando la desigual batalla que los aymaras han rendido ante la gran minería en los últimos cinco años, máxime cuando las trasnacionales cuentan con el apoyo del Estado. 

“Hemos marchado, la gente nos apoya, pero al parecer tendremos que hacer más presión para crear conciencia en los que no son aymaras y no entienden lo que está en juego. Nosotros somos los productores de alimentos. Nosotros cultivamos la tierra. Entonces deberíamos dejar de llevar nuestros productos a los mercados de las ciudades, para que entiendan lo que significa que nos envenenen el agua y que nos dejen sin agua”, señala David Esteban Moscoso.

Así es el entorno de las comunidades aymara en la región de Tarapacá.

Un destino que se juega en la nueva Constitución

El punto es que han comprendido, antes que nadie, que este es asunto de vida o muerte y que su destino se juega en una nueva Constitución. “A final llegamos siempre a lo mismo. Sabemos que sin cambio de Constitución el agua seguirá en manos de las empresas. 57% del agua es propiedad de la empresa sanitaria Aguas del Altiplano, poco más de 30% es de las empresas, principalmente mineras; el 3% de la Zofri y el restante 3% es de nosotros, siendo que producimos los alimentos”,  indica este defensor del pueblo aymara, quien llama a reactivar los cabildos apenas se disipe la crisis sanitaria, al tiempo que invita a los jóvenes profesionales aymaras a recuperar su sentido de pertenencia con sus comunidades. 

No obstante, David sabe que la gente está con ellos. Pero sabe que nada cambiará si no se redacta una Constitución en democracia, “y no esto que está a favor de la élite”, afirma.

“La Constitución es muy importante. Nadie puede decir que no. Mire, le diré algo que pasa mucho en el mundo indígena. La ley indica que las tierras son colectivas, no individuales. Este gobierno promovió una ley para cambiar eso con la pura intención de dividirnos, para que las empresas entren aprovechando la ruptura de la comunidad. Pero nos levantamos e hicimos caer esa reforma”.

“Y además le tienen ganas a la consulta indígena, porque lo que este gobierno y los empresarios quieren es incluir en la consulta a todos los que pudieran tener un interés en un proyecto de inversión, y ahí lo que hacen es acarrear a militantes de la UDI o RN para ir a votar en favor de esos proyectos”, concluye.


Te invitamos a revisar esta entrevista a Palmenia Mamani de la localidad de Nama, en la comuna de Camiña, Región de Tarapacá:

Roberto Bruna (Santiago, 1977) es periodista de profesión y Director de Contenidos de El Soberano. Estudió en un colegio cuyo nombre da exactamente igual y se tituló en una universidad “pública y...

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1 comentario

  1. Excelente artículo, tiene toda la razón en que las empresas, mineras y de otro tipo, aprovecharán la actual coyuntura para obtener autorizaciones que no cumplen con la laxa normativa existente en el país.

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