Los ataques han afectado a las tumbas de Salvador Allende, Víctor Jara y Joan Turner en el Cementerio General, al recinto de la Venda Sexy y la Casa de Memoria de Copiapó. Desde la la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) llamaron al Gobierno a tener una actitud más proactiva.
La Comisión hizo un llamado a “impedir entre todos y todas, -sociedad civil y autoridades políticas- que los discursos de odio y negacionistas, provenientes de los sectores políticos que apoyaron y añoran la dictadura civil-militar que asoló nuestra patria durante 17 años se impongan en nuestro país, pues sería el primer paso para la reinstalación un proyecto político que la ciudadanía mayoritariamente ya condenó, por su grave secuela en materia de derechos humanos esenciales y por la imposición de una Constitución y un modelo económico cuyos nefastos efectos en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, aún sufren vastos sectores de la población”.
Estos hechos se unen a la crisis que viven los sitios de memoria en Chile. Tras el anuncio del cierre del Centro Cultural Museo y Memoria Neltume y la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, la cifra de organizaciones en riesgo de cesar sus funciones por la falta de financiamiento ascendería a al menos 13. Este nuevo catastro incluye al Estadio Víctor Jara, el Cuartel Casa de Piedra de la Central Nacional de Informaciones, el Ex Centro de Detención en Balneario Popular Rocas de Santo Domingo y el Ex Centro de Detención Providencia de Antofagasta.
Las agrupaciones señalan que tiene que ver con la escasa comunicación y los cambios en el mecanismo de asignación del Programa de Sitios de Memoria que tendrá a los espacios sin recursos hasta septiembre de este año.
Toda esta situación despertó la preocupación de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), una de las organizaciones que vela por la recuperación y construcción de las memorias colectivas acerca de las violaciones a los derechos humanos y las resistencias en la región. Su coordinadora, la argentina Verónica Torras, explicó que el rol que cae sobre los Estados en la preservación de estos sitios de memoria, es una responsabilidad que se enmarca en el documento bautizado como “Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas“, trabajado por la RESLAC y aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Torras, quien también es directora ejecutiva de la alianza de organizaciones de derechos humanos de Argentina Memoria Abierta, comentó que lo que sucede con los sitios chilenos se enmarca en un clima de amenaza que igualmente afecta a otros territorios de Latinoamérica y el Caribe.
Comunicado sobre vandalizaciones
La Comisión Chilena de Derechos Humanos desea expresar su preocupación por las vandalizaciones y ataques sistemáticos que han sido objeto en los últimos días, diversos sitios de Memoria y símbolos de nuestra historia reciente.
En efecto, la vandalización y destrucción de las Baldosas de la Memoria del recinto de detención y tortura conocido como Venda Sexy, el ataque a las tumbas de Salvador Allende, Víctor Jara y Joan Turner en el Cementerio General y la vandalización reiterada de la Casa de Memoria de Copiapó, son expresiones de odio y negacionismo que deben llamar a la debida reflexión de todos los chilenos y chilenas, a objeto de impedir que estas conductas reñidas con la ley y con las obligaciones internacionales del Estado de Chile, se normalicen en nuestra convivencia cotidiana.
El Gobierno, a su vez, debe tener una actitud más proactiva en la defensa de la Memoria de nuestra historia reciente, como requisito
indispensable para el establecimiento del Nunca Más, pues su debida observancia constituye una de las obligaciones internacionales del
Estado de Chile propias de la Justicia Transicional.Ello supone interponer acciones judiciales para perseguir a los
responsables, reivindicar la Memoria de las víctimas y sus familiares, proponer iniciativas legales que sancionen ejemplarmente estos ilícitos
y por cierto, patrocinar el proyecto de ley sobre Negacionismo presentado por algunas parlamentarias, que duerme en la Cámara de
Diputados.
Debemos impedir entre todos y todas, -sociedad civil y autoridades políticas- que los discursos de odio y negacionistas, provenientes de los
sectores políticos que apoyaron y añoran la Dictadura civil y militar que asoló nuestra patria durante 17 años, se impongan en nuestro país,
pues sería el primer paso para la reinstalación un proyecto político que la ciudadanía mayoritariamente ya condenó, por su grave secuela en
materia de derechos humanos esenciales y por la imposición de una Constitución y un modelo económico cuyos nefastos efectos en el
ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, aún sufren vastos sectores de la población.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Fuente: Radio.uchile.cl
