Columna de Opinión
Roberto Morales Farías. Experto en DD.HH y empresa.
Hace algunos días pude leer en la red laboral LinkedIn, una denuncia realizada por un trabajador de una universidad nacional por el acoso recibido por parte de su jefatura, se denominaba “Esta es mi historia de acoso laboral”, como comentarios a su denuncia, una serie de trabajadoras y trabajadores exponían situaciones similares que habían vivido directamente o indirectamente en las organizaciones donde trabajan o trabajaban, que se daban con cierta regularidad.
Los impactos negativos psicosociales están largamente estudiados en Chile y el mundo y afectan de manera grave a las y los trabajadores, generando estrés crónico, ansiedad, depresión y agotamiento, entre otras patologías y por cierto afectan también a las organizaciones en sus climas laborales y su productividad, efectos al parecer no considerados por los jefes o directivos de la misma.
El año 2016 se presento la segunda versión de la Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida en Chile – ENETS, que fue realizada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. En parte de sus resultados un 7,6% de los encuestados reportaron haber sido víctimas de acoso laboral en el último año, si consideramos que en general estas situaciones se tienden a ocultar, es posible que ese porcentaje este subvalorado de manera importante.
En los comentarios que acompañaban a la denuncia antes descrita, se repetía la baja valoración de los y las afectadas, sobre el rol que habían jugado las mutuales en sus casos particulares, es bueno recordar que, en el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo, los aspectos psicosociales cada año son mas importantes y consideran una serie de situaciones que afectan la salud de las y los trabajadores. Por tanto, el rol de las mutualidades se torna clave en su detección y apoyo a los trabajadores y trabajadoras.
La buena noticia en este ámbito, aunque con efectos por conocer, es la ratificación este año, por parte del Estado de Chile del Convenio 190 de la OIT, que tiene por objetivo abordar la violencia y el acoso en los espacios laborales, estableciendo el derechos de las y los trabajadores a “vivir en un ambiente sano, seguro y libre de violencia y acoso, con independencia del tipo de labor o ámbito sectorial” y reconoce que la violación y acoso en el trabajo puede constituir una violación de los derechos humanos por parte de las empresas, que recordemos son reconocida como un “agente no estatal” y por tanto con la obligación de respetar dichos derechos humanos y del Estado de protegerlos de las acciones de dichas empresas.
El convenio 190 define la violencia y el acoso en los ámbitos laborales como “Comportamientos, acciones o amenazas que acuse daño físico, psicológicos, sexual o económico. Pudiendo manifestarse en forma de abuso verbal, intimidación, discriminación, acoso sexual o violencia física”. La definición explicita que realiza el convenio sobre violencia y acoso en los ámbitos laborales, ha sido reconocida como uno de los grandes aportes de este convenio adoptado por la OIT en el año 2019.
Claramente nos falta mucho para enfrentar de buena forma esta situación que por cierto afecta la dignidad de las personas en su vida laboral, espacios que son clave para el desarrollo personal y profesional y que es fundamental para la socialización e integración social de cada uno de nosotros y nosotras. El llamado es entonces a las instituciones públicas, de interés público como las mutualidades, los sindicatos y por cierto del mundo empresarial para trabajar en conjunto, y a través del diálogo social, para erradicar estos lamentables comportamientos.
Foto: Wikimedia Commons
