Chile, el curioso caso donde activistas y dirigentes sociales se deprimen…

Un tipo de depresión, tan repentina como fulminante, parece estar afectando con fuerza a personas que encabezan movimientos sociales o de defensa de los territorios. Se trata de personas que dan la vida luchando contra empresas y autoridades y que, de pronto, sin mediar más advertencia que las amenazas de muerte y los seguimientos, caen en un pozo de congoja del que sólo pueden escapar acabando con sus propias vidas…

Las personas lúcidas, como el dirigente de Modatima Rodrigo Mundaca, descartan que los problemas de la salud mental que afectan a una parte importante de la sociedad chilena expliquen la muerte de varios dirigentes sociales. Sostienen que la explicación bien puede ser otra, que existen evidencias que la sustentan y que, en el fondo, vendría a comprobar la severa descomposición institucional que afecta al país. ¿Es Chile un país inmune a lo que vemos en otros países de la región, donde el asesinato de activistas y comunicadores se ha vuelto una práctica recurrente y sistemática? ¿Es que acaso los negociados se han tornado tan lucrativos que bien valen la pena la vida de quienes los ponen en jaque?

El dirigente sindical Juan Pablo Jiménez murió una tarde de febrero de 2013 (el 21, si requiere de mayor exactitud), en mitad de una tarde marcada por la calurosa modorra que sobreviene al almuerzo y la ausencia de millones de capitalinos que veranean repartidos por el territorio. Estaba en la oficina donde se desempeñaba como presidente del sindicato número 1 de la empresa Azeta, una subcontratista de Chilectra, que a su vez es parte de Enel, gigante de la energía que realiza millonarias intervenciones en los territorios, ocasiona enormes alteraciones medioambientales, genera enormes utilidades en un mercado regulado y que, huelga decir, recibe inversiones de las AFP; la misma que alguna vez fue Endesa, una empresa que fue privatizada en dictadura… es bueno recordar estos datos para comprender que cada ser humano es un diminuto actor en una trama de alcance global.

Al comienzo se pensó que su muerte había sido provocada por un paro cardiaco, pero luego se supo que fue provocada por un disparo en la cabeza. Se dijeron muchas cosas: dijeron que el proyectil salió de una balacera registrada a un kilómetro de distancia, en plena población La Legua, ahí donde, como en tantas otras poblaciones, el lejano crepitar de balas nos indica la necesidad de muchos que, conscientes del abandono del Estado y al margen de los beneficios de una sociedad que se dice progresar, decide hacer justicia prescindiendo de las instituciones creadas para ello. Dijeron que la bala, disparada en un contexto delictual, realizó una trayectoria sobre varias manzanas para internarse, con increíble precisión, en la oficina donde se encontraba el sindicalista. Dijeron (los de a PDI) que el proyectil se coló por el intersticio de una ventana abierta. Es lo que determinó la investigación, pero muchos quedaron con dudas. Hubo un menor que fue detenido y fue encerrado por ello. Los familiares del sindicalista nunca creyeron esa versión, además porque algunos peritajes independientes desechaban la teoría de la “bala loca”.

Estaba la duda, es verdad; pero al final los ciudadanos preferían creer lo mejor, o lo menos malo, y lo menos malo era creer que la causa era una bala loca, y no un asesinato premeditado. Por entonces pervivía la idea de que Chile no era un país corrupto. No como otros países, al menos. Nada de políticos coimeados en masa, nada de sicarios, y si los había era cosa de narcos; toda la sangre que se derramó en las últimas décadas era responsabilidad de delincuentes comunes o, en el peor de los casos, de agentes de un Estado cautivo del régimen más criminal y cleptocrático. Era un paréntesis doloroso, largo, pero un paréntesis al fin y al cabo.

El 22 de agosto de 2016 se producía otra muerte, tan enigmática como la anterior: el caso correspondía al de Macarena Valdés, quien apareció colgada de una viga al interior de su casa de Tranguil, comuna de Panguipulli, ciudad en la que destacó como activa opositora de la comunidad contra el proyecto hidroeléctrico de la empresa transnacional RP Global y la chilena Saesa. Fue uno de sus cuatro hijos, de 11 años, quien se encontró con la espantosa escena. Su caso quedó rotulado como suicidio, pero una autopsia realizada por Luis Ravanal determinó la imposibilidad de que Macarena Valdés se haya quitado la vida. Su muerte sólo era posible a causa de una acción deliberada, un asesinato en toda regla, si se considera la intencionalidad de encubrir el deceso.

Las denuncias de amenazas en su contra abonaron el terreno de una conspiración. Y pasaron los meses sin avances en la indagatoria hasta que se produjo la misteriosa muerte de Alejandro Castro, dirigente de los pescadores artesanales de Quintero, puntal de la comunidad en la lucha contra la contaminación industrial del puerto, quien apareció colgado a un costado de la línea del Metro de Valparaíso la madrugada del lunes 24 de septiembre de este año. Para entonces ya nadie ponía las manos al fuego por el estado de Chile ni confiaba mucho en sus instituciones. La ciudadanía estaba harta de la corrupción galopante de su clase política y del enorme poder corruptor del empresariado; sabía de la componenda entre ambos mundos a fin de sepultar en la impunidad y el olvido aquellos casos de corrupción como la Ley de Pesca y el financiamiento ilegal de la política; tenía claro que Carabineros ha degenerado en una organización con prácticas mafiosas que nacen de esa amoralidad que germina en instituciones todopoderosas y habituadas a la impunidad. A nadie le parecían tan extraños delitos graves como el desfalco a gran escala, el asesinato de comuneros mapuches, los montajes destinados a fabricar pruebas… Al igual que en el caso de Macarena Valdés, los peritajes de la PDI establecieron que Castro había perecido producto de un suicidio. Sus amigos no creen una sola palabra de ese informe, más porque el joven dirigente nunca había dado señales de un estado melancólico, mucho menos de una depresión tan severa. Y encima estaban las amenazas de carabineros de Fuerzas Especiales pocas horas antes, cuando esperaban por sus compañeros detenidos fuera de una comisaría…

¿Podríamos no pensar lo peor? ¿Podríamos no poner en duda también lo que se dijo de la muerte de Alex Muñoz García, sindicalista en la empresa Paneles Arauco de Teno, quien apareció ahorcado en su domicilio el pasado 9 de diciembre?

Demasiadas coincidencias

Pero es la muerte de Marcelo Vega Cortés, reconocido y viejo enemigo de la empresa de celulosa Celco, cuyo cuerpo apareció en la desembocadura del río Lingue, en la región de los Ríos, lo que termina por instalar definitivamente la idea de que Chile, paraíso del extractivismo y la impunidad, es parte de la ominosa lista de países donde son asesinados dirigentes de movimientos sociales, activistas medioambientales y comunicadores. El cuerpo de Vega se encontraba al interior de la camioneta. El cuerpo de su acompañante no fue hallado. ¿Cómo es que llegó ahí la camioneta de Vega? ¿Cómo es posible que haya fallecido una persona que sabe bucear? ¿Es que somos tan virtuosos para creernos inmunes al asesinato por encargo tal y como vemos en México, Colombia y Brasil? “Hay informes recientes de ONG europeas que dejan establecido que desde 2017 en adelante Latinoamérica es la región más peligrosa para los activistas ambientales. Más de 300 personas murieron en defensa de la flora, la fauna y los territorios, la mayoría en México y Colombia. No veo por qué Chile tendría que ser la excepción en materia de agresiones. Claro; la violencia existe, pero es más solapada, y siempre es silenciada por la prensa. En realidad vemos un esfuerzo concertado, en todo el continente, de agentes de estado y empresarios que tiene por finalidad coaccionar o asesinar a luchadores sociales para darle viabilidad a sus emprendimientos destructivos”, dice Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima.

Un país tan latinoamericano como el que más

Es posible que todo sea una macabra coincidencia y que todos esos activistas –a excepción de Macarena Valdés- hayan fallecido en las circunstancias descritas por las policías. El problema es que, según Rodrigo Mundaca, la actuación de las instituciones en Chile no invitan precisamente a ser más optimistas, máxime si consideramos la evidente erosión moral de una sociedad que, a medio camino entre la anomia y la desesperanza, eligió en dos oportunidades como Presidente de la República a quien fue encargado reo y estuvo prófugo de la justicia, quien además ha recibido múltiples sanciones por aviesas maniobras bursátiles que lindan con el delito.

“Esto que está pasando es muy curioso”, dice Mundaca. “Los luchadores son personas que han dedicado su vida a la recuperación de bienes naturales comunes y defendiendo los derechos humanos ambientales, más ahora con esta escalada extractivista, que basa gran parte de su labor en coaccionar y agredir a dirigentes sociales que se oponen al modelo de despojo”, agrega, recordando que este cuadro no tendría que ser distinto a lo que vemos en otras latitudes de la región, “donde los dirigentes sociales son asesinados, censurados, agredidos, amenazados de muerte”, indica luego, recordando que él mismo ha sido víctimas de amenazas y seguimientos luego de anotarse varios triunfos comunicacionales sobre los productores de palta de Petorca.

“En 2016 lanzamos una estrategia internacional que tuvo varios hitos: en 2017 los supermercadistas daneses dejaron de comprar paltas a los que roban agua. Vinieron reportajes en (el diario inglés) The Guardian, la DW (radiotelevisión alemana), el apoyo de Amnistía Internacional… Todo eso incidió en un recrudecimiento de las amenazas y los seguimientos, al punto que en julio de 2018 el fiscal de la región de Valparaíso Pablo Gómez dictó medidas de protección para mí y para nuestra compañera Verónica Vilches”, señala el dirigente social. Y agrega: “Varios compañeros han referido intentos de atropello, persecución laboral… Es obvio. En Chile tenemos que empezar a mirar lo que sucede con los luchadores sociales, pero no por eso vamos a dejar de luchar y visibilizar los problemas”.